La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, han acordado hoy durante una reunión de mas de dos horas, pactar cuando antes una reforma legal contra los desahucios atendiendo especialmente a las familias con mayor vulnerabilidad.
En un almuerzo en la Moncloa ambos partidos han decidido adoptar medidas contra la creciente oleada de desahucios y han coincidido en la urgencia de la reforma para su aplicación con la mayor celeridad posible. El objetivo de esta reforma es prestar especial atención a las familias mas vulnerables, aquellas con hijos menores de edad o formadas por persona de elevada edad.
El PSOE ha incidido en la protección oficial a las familias que ya han sido desalojadas. Para estas familias, Elena Valenciano, a propuesto una medida para que los bancos ofrezcan alquileres sociales a precio reducido para facilitarles así la vuelta a sus hogares.
Por ahora las negociaciones tan solo han implicado a los dos principales partidos políticos en España. Cayo Lara, líder de IU, se ha manifestado en contra de la exclusividad del pacto entre PP y PSOE, y a exigido que no se le deje al margen de las negociaciones.
La proposición de reforma fue presentada por el PSOE el 25 de Octubre y plantea la reforma de la Ley Hipotecaria, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario, la Ley de Disciplina e Intervención de las entidades de crédito y la Ley de subrogación y modificación de prestamos hipotecarios.
En esta proposición de reforma el PSOE plantea las siguientes propuestas:
- “El valor de tasación del bien a efectos de la ejecución de la garantía por incumplimiento de pago no podrá ser inferior al valor de tasación que sirvió para conceder el préstamo”
- “Se modifican las normas reguladoras del procedimiento de las subastas de manera que en caso de quedar desierta, se impide la adjudicación del bien por una cantidad excesivamente baja. Cuando existan postores, se elevan, para la adjudicación del bien, los porcentajes sobre el valor de tasación de los bienes, con el fin de evitar su malbaratamiento”
- “Se establecen límites a los excesivos intereses de demora que no podrán ser superados por pacto expreso entre acreedor y deudor. Con ello se trata de evitar el rapidísimo efecto multiplicador que generan sobre el importe total de la deuda. Se paraliza el devengo de intereses de demora durante la sustanciación del procedimiento si se trata de la ejecución de vivienda habitual”
- “Para ampliar a más beneficiarios las medidas contempladas en el mismo referentes a la reestructuración de la deuda hipotecaria, la quita en el capital pendiente de amortización o la dación en pago como último recurso. El Código de Buenas Prácticas será obligatorio para aquellas entidades que reciban apoyo público (participadas por el FROB). Se amplía el “umbral de exclusión” a aquellas familias que perciben rentas derivadas del trabajo o de actividades económicas que no superen en dos veces y media el IPREM. Hasta ahora sólo podían acogerse las que carecieran de rentas del trabajo o de actividades económicas. Se rebaja el requisito del porcentaje que debe suponer la cuota hipotecaria sobre los ingresos netos familiares del 60% al 50%”
- “Impulsar Convenios de Acreedores con Intervención Notarial para la solución a las consecuencias de una insolvencia sobrevenida no dolosa, evitando la Declaración Judicial del Concurso y devolviendo al deudor la esperanza de una nueva oportunidad. El Convenio podrá recoger la posibilidad de continuar el deudor en el uso de su vivienda familiar y de esa manera evitar el desahucio”
Soraya Sáenz de Santamaria y Elena Valenciano han acordado que todas las propuestas sean evaluadas por un comité de seis expertos que se reunirá el próximo lunes. El comité, constituido por tres expertos del Gobierno y tres del partido de la oposición, evaluará la viabilidad del proyecto de ley contra los desahucios. El propósito es que las medidas se apliquen lo antes posible a fin de detener la creciente oleada de desahucios.
