Son bien conocidos los recortes que la Comunidad de Madrid ha hecho en el ambito de la educación.
“El profesorado del centro impartirá al menos 20 periodos lectivos de docencia directa a grupos de alumnos.” Así comenzaban los famosos “ajustes” en educación que ahorrarían 80 millones de euros a la Comunidad de Madrid. La Viceconsejería de Educación de la comunidad publicaba estos ajustes en las Instrucciones del 4 de Julio sobre el comienzo del curso escolar 2011/2012.
La duda aflora entre los docentes del sector público madrileño cuando se analizan y comprueban las repercusiones directas que puede tener este aumento de horas lectivas en el profesorado. El Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (ROC), aprobado por Real Decreto, de rango superior a las Instrucciones del 4 de julio, establece que las horas lectivas semanales de un profesor de la escuela pública son 18, y que de forma excepcional pueden llegar a ser 21. Las Instrucciones publicadas por la Viceconsejería de Educación establecen estas horas en 20, alegando que ateniéndose al ROC se encuentran dentro del marco legal. Sin embargo, y ahí advierten los docentes el problema, las tres horas lectivas complementarias que un profesor podría trabajar de forma excepcional, contempladas en el reglamento citado, hasta la fecha habían sido siempre utilizadas para cubrir guardias, turnos de bibliotecas, tutorías, etc.
Hasta aquí sólo parece uno más de los clásicos recortes que los gobiernos autonómicos han realizado en diferentes ámbitos económicos, en la mayoría de los casos en el campo social.
Teniendo todo esto en cuenta, imaginemos que un departamento de un instituto público cualquiera de Madrid tiene que cubrir un total de 180 horas lectivas semanales. Siendo la jornada lectiva de cada profesor de 18 horas, el número de profesores miembros de ese departamento serían diez. Con las nuevas instrucciones para este curso, siendo la jornada lectiva de un profesor de 20 horas, el número de profesores de ese mismo departamento descendería a nueve.
Esto implica, por lo tanto, un descenso del diez por ciento en la plantilla del profesorado público madrileño, por lo que sorprenden las declaraciones de la consejera de Educación, Lucia Figar: “Es absolutamente falso que las instrucciones de inicio de curso establezcan que los directores vayan a tener que prescindir de un diez por ciento de las plantillas de profesores”.
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| Manifestación en contra de los recortes de un Instituto de la comunidad |
Una de las consecuencias directas de esta reducción de plantilla son los más de 3000 profesores interinos que han quedado sin plaza este curso. Actualmente existen tres tipos de profesores: funcionarios fijos, aquellos que han aprobado las oposiciones y tienen plaza fija; funcionarios expectativos, aquellos que han aprobado las oposiciones pero no han conseguido plaza fija; y funcionarios interinos, aquellos que no han aprobado las oposiciones y no tienen plaza fija.
La respuesta a las quejas emitidas por los profesores que han sufrido este tipo de “irregularidades” ha sido su traslado a centros de la periferia; impartiendo, eso si, las asignaturas para las cuales están preparados.
La razón por la cual estos profesores no han sido contratados es bastante simple. Por seguir con el ejemplo citado anteriormente, un departamento de diez profesores podría estar constituido por seis funcionarios fijos, tres funcionarios expectativos y 1 funcionario interino. Tras la publicación y puesta en marcha de las nuevas instrucciones, el mismo departamento pasaría a estar formado por nueve profesores lo cual implicaría la no contratación de un profesor interino. Si sumamos a los 3000 profesores interinos no contratados este año, los 2000 que sufrieron la misma situación el pasado curso, el número de interinos que no han vuelto a ser contratados asciende a mas de 5000.
En los institutos siempre han existido profesores que, a pesar de tener estudios para impartir ciertas asignaturas, impartían otras similares llamadas “asignaturas afines”. Esto suponía que, por ejemplo, un profesor especializado en historia se viese obligado a impartir clases de cultura clásica. Tras la puesta en vigor de las instrucciones, los profesores madrileños se han visto impartiendo lo que ellos mismos denominan “afines desafinadas”: asignaturas que distan mucho de aquellas que el profesor esta preparado para impartir. Sin ir mas lejos, en un reportaje publicado en el diario El País, una profesora madrileña denunciaba este tipo de situación. “María Jesús Sánchez, profesora de Música y licenciada en Matemáticas, de 35 años, empezó el curso en un instituto de Fuenlabrada con un horario que incluía nueve horas de Geografía e Historia, diez de Música y una de Medidas de Atención al Estudio (MAE)”.
Aunque parezcan suficientes repercusiones para una clara indignación por parte del profesorado, aún hay más.
En las Instrucciones del 4 de Julio se especifica además que el número de optativas que podrá ofertar un centro se reducirá. Hasta la entrada en vigencia de estos recortes el número de optativas que un centro podía decidir ofertar se calculaba multiplicando la cantidad de clases por curso existentes por 1,5. Con lo cual, si un centro tenia cuatro clases de 4º de la ESO podía ofertar seis optativas. Con las nuevas instrucciones el cálculo del número de optativas ya no resultará de la multiplicación del número de clases por 1,5 sino por 1,25. No hace falta ser un as de las matemáticas para averiguar que el número de optativas desciende a cinco.
Otra de las especificaciones en las instrucciones es el aumento del número máximo de alumnos por clase de 30 (25 en el caso de haber algún alumno con necesidades especiales) a 32. Estas medidas provocan, entre otras cosas, que la atención prestada a un alumno no sea tan personalizada como ciertos alumnos requieren.
Estas son las repercusiones que las Instrucciones del 4 de Julio tienen sobre cada uno de los centros escolares públicos madrileños. Pero estos recortes también afectan a la competitividad que tienen los centros públicos frente a los colegios privados y concertados.
La plataforma “Enseñanza pública de todos para todos” denuncia que los profesores no critican tanto el aumento de horas lectivas como las repercusiones que las Instrucciones tienen en la educación pública. Esta plataforma señala: “Entre 2006 y 2010, el presupuesto dedicado a la pública bajó un 42%, mientras que la ayuda a los modelos educativos privados aumentó un 11%”
Según el diario Público: “Los datos del Gabinete de estudios de la Federación de Enseñanza de CCOO, basados en los publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, evidencian que el gasto educativo ha bajado en 416 millones en los dos últimos presupuestos hasta los 4.553 millones. El ajuste se ha notado más en la pública, donde las plantillas han bajado un 0,4% y el alumnado ha crecido un 6,4%.”
Esta bajada del 0,4 por ciento en la plantilla del profesorado de la educación pública madrileña implica 226 profesores menos en las aulas. Mientras, la plantilla de profesorado de la educación privada sostenida con fondos públicos ha aumentado en 2056 profesores. Pese a que el número de docentes en la escuela pública haya descendido en los dos últimos años, gracias al aumento en la escuela privada, el balance resultante es positivo. Es decir, en las aulas madrileñas hay un 2,1 por ciento más de profesores.
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| Viñeta de "El Roto" |
La Comunidad de Madrid hace además un importante esfuerzo por fomentar la desigualdad en algunos de sus centros. Por una parte, permitiendo la segregación en diez de ellos, y por otra, obligando a las familias con menos ingresos y posibilidades a escolarizar a sus hijos en centros públicos que cada vez tienen menos recursos. Esto, a largo plazo, podría marcar una importante desigualdad en el futuro educativo de la Comunidad, ya que los estudiantes de centros privados tendrán más posibilidades que los de la escuela pública.
Por otro lado, las facilidades que se otorgan a los centros concertados a la hora de adquirir el suelo sobre el que se edifican sus aulas son a veces desmesuradas. En ocasiones se cobran cifras que podrían ser tachadas simbólicas en comparación con el precio real del suelo. Sin ir más lejos, el Colegio Humanitas de Toerrejón de Ardoz (en manos del Opus Dei) paga 20000 euros anuales en concepto de canon del suelo. Otro centro, el Juan Pablo II de Alcorcón, paga 8000 euros en el mismo concepto. No hay que olvidar que este suelo cedido por las administraciones es público.
La etapa de escolaridad obligatoria debe ser una oportunidad para que los niños y niñas tenga la oportunidad de aprender a convivir con iguales de diferente extracción social, cultura, sexo, procedencia, etc. La segregación por sexos, por resultados académicos e incluso por ideales religiosos, no son más que la puerta abierta hacia una sociedad en la que unos valores distintos a aquellos con los que has crecido no son tolerables.
¿Se debe dar pie a que la enseñanza pública sea la alternativa solo para aquellos que no se pueden permitir una enseñanza privada?
Ya advertía en 2003 Augusto Serrano Olmedo, miembro del Consejo Escolar del Estado: “Sabemos, y la
historia nos lo enseña, que calidad para unos pocos es privilegio, y sabemos también que la enseñanza pública es la única que puede garantizar que la calidad sea para todos y todas.”
